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Juicio y costes

Si pierdo el juicio de despido, ¿tengo que pagar las costas?

Es la pregunta que más gente deja de hacer en voz alta y la que más demandas frena. La respuesta corta tranquiliza: en el orden social el trabajador no paga las costas de la empresa, ni cuando pierde en el juzgado ni cuando pierde el recurso. La larga tiene un matiz que sí conviene conocer, porque no es una costa pero se paga igual.

La respuesta corta

Si demandas por despido y pierdes, no pagas las costas de la empresa. Ni en el juzgado ni en el recurso.

Esa frase es cierta y es importante decirla primero, porque el miedo a lo contrario —heredado de lo que se oye sobre otros juicios— frena cada año a mucha gente que tenía razón y no reclamó.

Lo que sí existe es un riesgo distinto, pequeño y con nombre propio: la multa por mala fe o temeridad. No es una costa, no se impone por perder y no es frecuente, pero conviene saber qué es.

Sala de vistas vacía de un juzgado, con los bancos del público y el estrado al fondo
La jurisdicción social se diseñó para que el coste no fuera una barrera: sin tasa, con abogado cubierto y sin condena en costas para el trabajador. No es una casualidad del sistema, es una decisión. Foto: Michael D Beckwith · CC0 · Wikimedia Commons

Por qué el orden social funciona distinto

En la mayoría de las jurisdicciones rige el criterio del vencimiento: quien pierde paga los gastos de quien gana. Es lo que casi todo el mundo da por supuesto.

En el orden social no, y la razón es de fondo. El procedimiento laboral está construido partiendo de que entre las dos partes hay un desequilibrio de medios: de un lado una empresa, del otro una persona que además acaba de quedarse sin empleo. Si el riesgo de perder incluyera pagar el abogado de la empresa, buena parte de las reclamaciones no se presentarían.

De ahí salen tres piezas que funcionan juntas:

No hay tasa judicial para el trabajador, ni para demandar ni para recurrir.

Hay justicia gratuita reconocida a los trabajadores y a los beneficiarios de la Seguridad Social en este orden, sin necesidad de pedirla expresamente ni de acreditar que se carece de recursos.

No hay condena en costas al trabajador.

Las tres piezas apuntan a lo mismo: que el coste no decida quién puede reclamar.

En primera instancia: el artículo 97.3

El precepto que gobierna esto es el artículo 97.3 de la Ley reguladora de la jurisdicción social, y conviene leerlo con cuidado porque contiene dos cosas distintas que se confunden constantemente.

Lo primero: una sanción. La sentencia, de forma motivada, podrá imponer al litigante que haya obrado de mala fe o con temeridad —y también a quien no acudió injustificadamente al acto de conciliación— una sanción pecuniaria.

Lo segundo: los honorarios, solo contra la empresa. El mismo artículo añade que, cuando el condenado fuera el empresario, deberá abonar además los honorarios de los abogados y graduados sociales de la parte contraria, con un límite de 600 euros.

Fíjate en la asimetría, porque es el núcleo del asunto: la obligación de pagar los honorarios del letrado contrario está expresamente ligada a la condición de empresario. No existe la vía inversa.

El Tribunal Supremo lo ha confirmado. En su sentencia 224/2018, de 28 de febrero, absolvió a un recurrente del pago de honorarios razonando precisamente eso: esa condena solo puede recaer sobre el litigante que ostenta la condición de empresario. En el mismo caso, en cambio, mantuvo la multa por temeridad, que es la prueba de que son dos cosas separadas.

Expediente con documentos y anotaciones sobre una mesa de despacho
La distinción que decide el bolsillo: los honorarios del abogado contrario solo se imponen al empresario condenado; la multa por temeridad puede recaer sobre cualquiera de las dos partes. Foto: RHDavis720 · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons

En el recurso: el artículo 235

Aquí la regla general cambia y por eso conviene explicarla aparte.

En suplicación y casación sí rige el criterio del vencimiento: el artículo 235 de la misma ley prevé que se impongan las costas a la parte vencida en el recurso.

Pero el mismo artículo establece la excepción que lo resuelve todo: queda exento quien goce del beneficio de justicia gratuita.

Y como los trabajadores y los beneficiarios de la Seguridad Social tienen ese beneficio reconocido en el orden social sin tener que pedirlo, el resultado práctico es el mismo que en la instancia: al trabajador no se le imponen las costas del recurso aunque lo pierda.

Al revés sí funciona. Si quien recurre es la empresa y pierde, se le pueden imponer las costas, y ahí los límites de honorarios de la parte contraria son más altos que en la instancia: 1.200 euros en suplicación y 1.800 euros en casación.

La excepción que sí hay que conocer: la temeridad

Esta es la parte que no conviene saltarse, porque es el único supuesto en el que un trabajador puede salir de un procedimiento laboral pagando algo.

Qué es. Una sanción pecuniaria que el juez puede imponer, de forma motivada, a quien ha litigado de mala fe o con temeridad. No es una costa, no compensa a la otra parte y no depende de quién gane.

A quién puede afectar. A cualquiera de las dos partes, también al trabajador. Y aquí hay un detalle importante: la multa se puede imponer con independencia de que se tenga justicia gratuita, porque la justicia gratuita exime de costas, no de sanciones.

Qué no es temeridad. Conviene decirlo con claridad porque es donde está el miedo mal colocado:

Qué sí puede serlo. Pleitear a sabiendas de que no se tiene razón, sostener hechos que se saben falsos, alargar artificialmente el procedimiento o usarlo con una finalidad distinta de la que se dice perseguir. Y, con nombre propio en el precepto, no acudir injustificadamente al acto de conciliación.

En la práctica es poco frecuente, exige motivación expresa en la sentencia y no se impone por llevar un caso flojo. Pero existe y por eso está aquí.

Lo que sí te va a costar dinero

Que no haya costas no significa que demandar sea gratis del todo. Esto es lo que hay que contar de verdad.

El abogado, si lo eliges tú. Es el gasto principal y el único de verdad relevante. La justicia gratuita cubre al abogado de oficio, que no cuesta nada al trabajador; si prefieres uno privado porque quieres elegir, porque buscas especialización o porque te lo ha recomendado alguien, eso se paga.

Y lo que recuperas de ahí está topado. Aunque ganes, lo que la empresa condenada tiene que abonar por honorarios de tu letrado está limitado a esas cantidades: 600 euros en la instancia, 1.200 en suplicación y 1.800 en casación. Si tu abogado cobra más, la diferencia es tuya.

Los gastos sueltos. Desplazamientos, copias, algún certificado. Poca cosa, pero existe.

Un perito, si hiciera falta. Es infrecuente en un despido ordinario, y cuando hace falta, se paga.

Lo que no hay: tasa judicial, procurador obligatorio en la instancia y condena en costas.

Calculadora y documentos con cifras sobre una mesa
La cuenta real de demandar no es «cuánto pierdo si pierdo», sino «cuánto me cuesta el abogado y cuánto de eso recupero si gano». Los topes legales de honorarios son bajos y conviene saberlo antes de contratar. Foto: Coyau · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons

Cómo plantear la pregunta al abogado

Ya que el coste real es la minuta, lo sensato es hablarlo en la primera visita y no al final. Cuatro preguntas que conviene hacer:

1. ¿Cómo factura? Por horas, a tanto alzado por el procedimiento o con un porcentaje sobre lo que se consiga. Las tres fórmulas son legítimas y tienen consecuencias muy distintas.

2. ¿Qué incluye? ¿La papeleta de conciliación? ¿La asistencia al acto? ¿El juicio? ¿Un eventual recurso de suplicación, que es otro procedimiento?

3. ¿Qué pasa si hay acuerdo en conciliación? Es un escenario muy frecuente y conviene saber cómo se factura cuando el asunto se cierra sin juicio.

4. ¿Qué pasa si se pierde? No por las costas, que ya sabemos que no hay, sino por la minuta.

Y una comparación honesta: el abogado de oficio no cuesta nada, pero se asigna por turno y no se elige. El privado se elige y suele dar más continuidad y más especialización. Las dos opciones son razonables y la decisión depende más del caso y de la tranquilidad de cada uno que del dinero.

Preguntas frecuentes

Si pierdo el juicio, ¿tengo que pagar al abogado de la empresa?

No. En el orden social el trabajador no es condenado en costas en la instancia, y es una de las diferencias más importantes respecto a la jurisdicción civil. El Tribunal Supremo lo ha confirmado al interpretar el artículo 97.3 de la Ley reguladora de la jurisdicción social: la condena a pagar los honorarios del letrado contrario solo puede recaer sobre el litigante que ostenta la condición de empresario. Perder, por tanto, no supone pagar al abogado de la otra parte.

¿Y si pierdo el recurso de suplicación?

Tampoco. En los recursos sí rige el criterio del vencimiento, porque el artículo 235 prevé que se impongan las costas a la parte vencida, pero con una excepción decisiva: queda exento quien goza del beneficio de justicia gratuita. Los trabajadores y los beneficiarios de la Seguridad Social lo tienen reconocido en el orden social sin pedirlo ni acreditar insuficiencia de recursos, de modo que no se les imponen las costas aunque pierdan el recurso.

Entonces, ¿demandar no tiene ningún riesgo económico?

Ninguno en forma de costas, pero sí uno con nombre propio: la multa por mala fe o temeridad. El artículo 97.3 permite al juez imponer de forma motivada una sanción pecuniaria a quien haya actuado así, y también a quien no acuda injustificadamente al acto de conciliación. No es una costa, es una sanción, y por eso sí puede recaer sobre el trabajador aunque tenga justicia gratuita. No se impone por perder, sino por cómo se ha litigado.

¿Qué es actuar con temeridad?

No es equivocarse ni perder. Se refiere a pleitear a sabiendas de que no se tiene razón, sostener hechos que se saben falsos, alargar el procedimiento sin motivo o usarlo con una finalidad distinta de la que se dice perseguir. Es una apreciación del juez, debe ir motivada en la sentencia y en la práctica es poco frecuente. Una demanda desestimada porque el juzgado da por buena la versión de la empresa no es, por sí sola, una demanda temeraria.

¿Hay que pagar tasa para demandar?

No. En el orden social el trabajador no paga tasa judicial ni para demandar ni para recurrir. Eso, sumado a la justicia gratuita reconocida a los trabajadores y a la ausencia de condena en costas, hace que el coste de entrada a un procedimiento laboral sea muy bajo en comparación con otras jurisdicciones. Es un diseño deliberado: el legislador quiso que la falta de dinero no impidiera reclamar derechos laborales.

¿Y si gano? ¿La empresa me paga el abogado?

En parte, y con un tope bajo. El artículo 97.3 establece que, cuando el condenado sea el empresario, deberá abonar los honorarios de los abogados y graduados sociales de la parte contraria con un límite de 600 euros. En los recursos los topes suben: 1.200 euros en suplicación y 1.800 en casación. Son cantidades que rara vez cubren la minuta real, así que quien contrata abogado privado suele asumir la diferencia.

¿Qué pasa si no voy a la conciliación?

Que puede costar dinero aunque todavía no haya juicio: el artículo 97.3 permite imponer la sanción pecuniaria a quien no acuda injustificadamente al acto de conciliación. Y al margen de la multa, no faltar es lo sensato por otros motivos: es un trámite previo obligatorio, es donde se cierran muchos asuntos con acuerdo y es la primera ocasión de ver qué posición sostiene realmente la empresa.

¿Me conviene abogado de oficio o privado?

Depende del caso y no hay respuesta buena para todos. El de oficio no cuesta nada al trabajador, porque la justicia gratuita en el orden social no exige acreditar insuficiencia de recursos, pero se asigna por turno y no se elige. El privado se elige, permite valorar la especialización y suele dar más continuidad, pero se paga y lo que la empresa condenada abone está topado en esas cantidades bajas. En los dos casos conviene preguntar antes cómo se factura.

En resumen

El trabajador que demanda por despido no paga costas si pierde, ni en el juzgado ni en el recurso: en la instancia porque la condena en honorarios solo cabe contra el empresario, y en suplicación y casación porque la justicia gratuita que tiene reconocida le exime. Tampoco paga tasa judicial. El único riesgo económico real es la multa por mala fe o temeridad, que no se impone por perder sino por cómo se litiga, y que es infrecuente. Lo que sí cuesta dinero es el abogado privado, si se elige uno, porque lo que la empresa condenada abona por ese concepto está topado en 600 euros en la instancia, 1.200 en suplicación y 1.800 en casación.

Aviso: esta guía explica el régimen general de costas en el orden social con la redacción vigente citada, cuya última modificación referida procede del Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre. Los importes y los criterios pueden cambiar, y la apreciación de temeridad depende siempre del caso concreto y del juzgado. Si estás valorando demandar, lo que conviene aclarar antes no es el riesgo de costas —que no lo hay— sino cómo factura tu abogado.

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Fuentes oficiales y metodología

Las condiciones, plazos e indemnizaciones de esta guía se basan en el Estatuto de los Trabajadores. Normas aplicables según el caso:

  • Estatuto de los Trabajadores (RDLeg 2/2015), según el caso: art. 40 (movilidad geográfica), art. 41 (modificación sustancial de condiciones), art. 50 (extinción por incumplimiento del empresario), art. 46 (excedencias) y art. 14 (periodo de prueba).
  • Efectos indemnizatorios asociados (20 días por año con tope de 9 mensualidades en los arts. 40 y 41 ET; indemnización del art. 56 ET en la extinción del art. 50 ET).

8 de octubre de 2026 · Contenido elaborado y verificado por conforme a nuestra política editorial, a partir de fuentes normativas oficiales (BOE) y de la doctrina de los tribunales.