La empresa no paga la sentencia: cómo se ejecuta

Ganar el juicio y cobrar son dos cosas distintas. La ejecución es el procedimiento que convierte una sentencia en dinero, y tiene sus propios plazos, sus propias herramientas y sus propios límites.

Primero: que la sentencia sea firme

Una sentencia se puede ejecutar cuando es firme —porque nadie recurrió en plazo o porque ya se han agotado los recursos— y, en algunos supuestos, de forma provisional aunque el recurso esté pendiente. Antes de mover nada conviene tener claro en qué situación se está, porque las herramientas no son las mismas.

El segundo dato que hay que fijar es qué condena hay que ejecutar, y son dos familias muy distintas:

• Condena de cantidad: indemnización, salarios pendientes, salarios de tramitación. Se ejecuta persiguiendo el patrimonio de la empresa.
• Condena de hacer: la readmisión. No se puede embargar una readmisión, así que la ley articula un procedimiento específico.

La ejecución de una condena de dinero

El proceso, en la práctica, sigue estos pasos:

1. Solicitud de ejecución. La presenta la parte que ha ganado ante el mismo juzgado que dictó la sentencia. No se inicia de oficio: hay que pedirla.
2. Auto despachando ejecución. El juzgado requiere el pago y, si no se atiende, autoriza la investigación patrimonial y el embargo.
3. Averiguación de bienes. El juzgado consulta bases de datos de la Agencia Tributaria, la Seguridad Social, el registro de la propiedad y las entidades financieras para localizar cuentas, inmuebles, vehículos y devoluciones pendientes.
4. Embargo. Lo habitual es empezar por cuentas corrientes y devoluciones tributarias, que son inmediatas, y seguir por bienes de realización más lenta.
5. Insolvencia. Si no aparecen bienes suficientes, el juzgado puede declarar la insolvencia provisional de la empresa. Ese auto es la llave para acudir al FOGASA.

Un detalle práctico que ahorra tiempo: cualquier dato que el trabajador conozca —la entidad bancaria donde se domiciliaban las nóminas, un vehículo de empresa, un local en propiedad, un cliente que le debe facturas— se puede aportar y suele acelerar mucho el embargo. La averiguación de oficio funciona, pero la información concreta funciona mejor.

Cuando la condena es readmitir y la empresa no readmite

Aquí la ley prevé un cauce específico: el incidente de no readmisión. El trabajador que ha obtenido una sentencia de nulidad —o de improcedencia con readmisión— y no es reincorporado, o es reincorporado en condiciones distintas de las que tenía, puede pedir al juzgado que declare extinguida la relación laboral.

Dos cosas importan mucho:

• El plazo es corto: veinte días desde que se produjo la falta de readmisión o desde que se incumplieron sus condiciones. No es un plazo que convenga dejar correr.
• El resultado no es volver al punto de partida. Si el incidente se estima, la relación queda extinguida y el juzgado fija la indemnización correspondiente y los salarios devengados hasta ese momento. Es decir, la falta de readmisión tiene un precio.

La «readmisión irregular» —recolocar al trabajador en otro puesto, en otro centro, con otras funciones o con otro salario— cuenta como incumplimiento, y es un supuesto bastante más frecuente que la negativa abierta.

El FOGASA: cuándo entra y qué cubre

El Fondo de Garantía Salarial responde de forma subsidiaria cuando la empresa es insolvente o está en concurso. No es una alternativa a la ejecución: es lo que viene después, y para llegar hasta ahí hace falta precisamente el auto de insolvencia o la resolución del concurso.

Dos ideas que conviene tener claras desde el principio: el FOGASA paga con límites —tanto en el número de días de salario como en la cuantía diaria de referencia, y con topes propios para la indemnización— y paga tarde, porque su procedimiento administrativo se suma al judicial. Contar con eso evita expectativas equivocadas.

Y si la empresa ha desaparecido

Es un escenario habitual y no cierra la puerta. Hay tres vías que se estudian en la ejecución:

• Sucesión de empresa. Si la actividad continúa con otra denominación, en el mismo local y con los mismos medios, se puede pedir la extensión de la responsabilidad a esa nueva entidad.
• Grupo de empresas y confusión patrimonial. Cuando varias sociedades del mismo grupo funcionan como una sola, la ejecución puede alcanzarlas.
• Responsabilidad de administradores en los supuestos legalmente previstos, que se dirime por otra vía pero puede ser relevante.

Ninguna de las tres es automática: hay que acreditarla. Pero conviene saber que existen, porque muchos trabajadores abandonan al ver el cierre del local.

Qué hacer, en orden

1. No esperar. El derecho a instar la ejecución no es indefinido; los plazos corren y la solvencia de la empresa suele empeorar con el tiempo.
2. Aportar toda la información patrimonial que se conozca junto con la solicitud.
3. Vigilar el plazo de veinte días si la condena era de readmisión y esta no se cumple como debe.
4. Pedir la insolvencia en cuanto la averiguación de bienes resulte infructuosa, para poder acudir al FOGASA.
5. Guardar todo. Nóminas, contrato, comunicaciones, la propia sentencia y el auto de firmeza: el expediente administrativo del FOGASA los pide.

Ejecución provisional: cobrar antes de que todo termine

Hay una figura que muchos trabajadores desconocen y que puede cambiar mucho su situación económica mientras el pleito sigue: la ejecución provisional. La ley permite, en determinados supuestos y con determinadas garantías, que una condena empiece a cumplirse aunque la sentencia esté recurrida.

En despido eso se traduce, según el caso, en la continuidad de la obligación de readmitir o en el derecho a percibir determinadas cantidades a cuenta durante la tramitación del recurso. No es automático, hay que pedirlo, y su alcance depende de qué haya declarado la sentencia; pero preguntar por ella es una de esas cosas que conviene hacer siempre, porque el tiempo de un recurso se mide en meses y las facturas no esperan.

Los cuatro errores que más dinero cuestan

1. Esperar «a ver si paga». Cada mes que pasa es un mes en el que la empresa puede vaciar cuentas, vender activos o desaparecer. La solicitud de ejecución no rompe ninguna negociación: se puede pedir y seguir hablando.
2. Dejar pasar los veinte días del incidente de no readmisión. Es el plazo más corto de toda esta fase y el más fácil de perder por confiar en promesas verbales de reincorporación.
3. No aportar información patrimonial. El juzgado investiga de oficio, pero un dato concreto —una entidad bancaria, un cliente que debe facturas, un vehículo— acelera semanas.
4. Renunciar al llegar a la insolvencia. El auto de insolvencia no es el final: es el documento que abre la puerta del FOGASA. Quien abandona ahí deja de cobrar precisamente cuando ya tenía la llave.

Qué documentos hacen falta para arrancar

La ejecución se pide con poco papel, pero ese poco tiene que estar completo:

• La sentencia y la resolución que declara su firmeza, o el acta de conciliación si el título es un acuerdo alcanzado ante el letrado de la Administración de Justicia o en el servicio de mediación.
• El cálculo actualizado de lo que se reclama: principal, intereses y, si procede, el recargo por mora. Presentarlo desglosado evita requerimientos y semanas de retraso.
• Los datos de identificación de la empresa: denominación exacta, CIF y domicilio real, que no siempre coincide con el social.
• Cualquier dato patrimonial que se conozca, con el detalle que se tenga.

Con eso, el juzgado puede dictar el auto y empezar a trabajar. Y una recomendación que parece menor y no lo es: conviene revisar el expediente cada pocas semanas. La ejecución avanza a impulsos, y muchas veces un escrito breve pidiendo una nueva averiguación de bienes reactiva un procedimiento parado.

Aviso: el contenido de esta página describe el funcionamiento general de la ejecución laboral y de la garantía salarial, con los plazos que fija la ley. Cada ejecución depende de su propio expediente, así que las decisiones concretas conviene tomarlas con asesoramiento.

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